Al sancionar a la rusa Rosneft, EE.UU. inicia una nueva era de acoso contra empresas que rechazan su visión imperial de dominación, en este caso sobre Venezuela.
Los estadounidenses vuelven a recurrir a sus conocidos métodos de asfixia económica al imponer sanciones al Rosneft Trading, la filial comercial de la compañía petrolera estatal rusa Rosneft, para obligar a un tercer gobierno, en este caso al de Venezuela, a someterse a sus dictados hegemónicos, sin importarles en lo más mínimo el impacto de esta medida sobre la población venezolana.
No hace falta mencionar que la nación sudamericana viene soportando y viviendo desde hace mucho tiempo duras condiciones sociales provocadas por unas sanciones que los sucesivos gobiernos de EE.UU. les ha estado imponiendo con el objetivo de doblegarle su voluntad de seguir apoyando al Ejecutivo del presidente, Nicolás Maduro; y solo porque Estados Unidos no puede asimilar el importante papel que está desarrollando Rusia en el progreso de muchos de los países del continente americano.
Washington al no poder asimilar la sólida influencia positiva de Moscú en lo que
para EE.UU. es su “patio trasero”, ha estado intentado por todos los medios impedir que los rusos vayan afianzando su significativa presencia en la región. De allí que, su maquinaria sancionatoria, el Departamento del Tesoro, se ha puesto muy activo en los últimos tiempos lanzando y aplicando duras medidas restrictivas a toda aquella empresa rusa, tanto si provenía del sector privado o del sector público, que se haya establecido en alguna nación de la zona a fin de contribuir en el crecimiento económico, tecnológicos e industrial de estas poblaciones.
A partir de este planteamiento, podemos decir sin tapujos que los métodos de asfixia a los que es asiduo la Casa Blanca para neutralizar y aplastar a todo deseo unánime de una población que en busca de su soberanía e independencia decide imponerse a sus designios imperiales, en este caso el pueblo venezolano, se resumen en las políticas hostiles de acoso y derribo constante contra todos sus gobernantes, en lo que también incluye, a todas las fuentes de financiamiento que dicha nación cuenta para sus proyectos de crecimiento y desarrollo nacional.
Es aquí donde las medidas punitivas de EE.UU. entran en acción para debilitar las fuentes de financiamiento que nutren todas y cada una de las estructuras económicas que cualquier gobierno prevé impulsar para sus proyectos de crecimiento. En el caso del Ejecutivo bolivariano, presidido por Nicolás Maduro, se trata de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuya entidad ha sido objeto de un sinfín de sanciones impuestas por parte del citado Departamento del Tesoro estadounidense, cuyas autoridades desean que sus acciones ilegítimas debiliten al Gobierno de Maduro y precipiten su salida del poder.
Entre estas medidas coercitivas se puede mencionar el congelamiento de todos los activos que PDVSA tenía en EE.UU. o estaba bajo control de alguna institución financiera estadounidense. Además de esto, muchas de las cuentas bancarias que el Gobierno venezolano tenía abiertas en la banca europea han sido bloqueadas por petición directa de Washington.
En enero de 2019, Estados Unidos lanzó una nueva ronda de sanciones contra el Gobierno de Maduro con el objetivo de bloquear sus exportaciones petroleras, el paso más agresivo dado hasta entonces en la ofensiva diplomática de Washington, en resumen, la Casa Blanca desde entonces ha venido aprobando una serie de medidas punitivas que han afectado a 75 empresas y 51 personas venezolanas.
Ahora bien, la nueva jugada de EE.UU. que a un año de haber reconocido al jefe de la oposición y de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, como “presidente encargado de Venezuela” y que busca de algún modo presionar a Maduro a que abandone el Palacio de Miraflores, sede presidencial, ha sido la de sancionar a la rusa Rosneft Trading.
Cabe destacar que hasta ahora el Tesoro estadounidense solo se había dedicado a sancionar directamente al Gobierno de Caracas y sus medios de financiamiento al impedir, entre otras cosas, a
buques petroleros y
aerolíneas comerciales de esta nación exportar o importar sus bienes a otros mercados, pero en esta ocasión ha actuado contra una compañía extranjera que opera en el territorio venezolano, y esto según el enviado especial de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, se debe a que “Rosneft Trading controla un 70 % del crudo venezolano”.
Conforme al funcionario, Rosneft Trading ha estado recibiendo crudo venezolano como pago de una deuda pendiente y sorteando así los embargos de EE.UU. al exportar el 70 % del petróleo a otros lugares del mundo, como Rusia y China.
Por otra parte, Washington ya había advertido a diferentes empresas energéticas, entre ellas la estadounidense Chevron y la española Repsol, sobre los riesgos de operar con Caracas. En el caso de la compaña europea se trata de una entrega periódica del crudo venezolano como pago de deuda por parte de la estatal PDVSA.
Teniendo en cuenta que la Administración de Donald Trump está convencida que el Kremlin es la verdadera razón para que sus intereses hegemónicos no se hagan realidad en Venezuela por el
apoyo incondicional de Moscú al legítimo Ejecutivo de Maduro, no es de extrañar que Washington se haya propuesto cortar todos los lazos económicos que existen entre Rusia y Venezuela a fin de ver materializado la ansiada caída del líder chavista, una empresa lejos de hacerse realidad por la impronta personal del presidente ruso, Vladímir Putin, de seguir respaldando a la firme convicción del pueblo bolivariano de ser soberano e independiente y, por ende, resistir a las continuas embestidas imperiales de Estados Unidos y sus escuderos dentro del territorio sudamericano, la oposición.
De este modo, mientras EE.UU. demostraba su renovado apoyo a Guaidó con una ovación en el Congreso y una reunión con el mandatario Donald Trump en la Casa Blanca, el Gobierno de Maduro recibía pocos días después en Caracas la visita del canciller ruso, Serguéi Lavrov.
La visita del diplomático ruso ha permitido a Maduro escenificar el apoyo de Rusia, su gran valedor en la escena internacional, en un momento en el que Guaidó se esforzaba en exhibir el respaldo de algunos países que, como Estados Unidos, lo reconocen como “presidente interino de Venezuela”.
Es obvio, que el viaje de Lavrov a Caracas, tenía el objetivo de enviar un mensaje claro a EE.UU. de que Rusia continuará prestando su apoyo al pueblo venezolano para que pueda contrarrestar las sanciones ilegales y unilaterales de Washington.
Ahora hay que ver cómo y de qué forma esta nueva medida restrictiva estadounidense de sancionar a empresas extranjeras, que han manifestado su firme determinación de cooperar comercialmente con Caracas en los distintos campos posibles, afecta a la población bolivariana de Venezuela.
